El brutal accionar de la policía bonaerense acabó con la vida del "Gordo" Almirón de 17 años y del "Pela" Arce de 19 años. Y dejó al borde de la muerte a Joaquín Romero de 18 años, hijo de nuestra compañera Maria Fernanda Romero integrante de la Cooperativa de Trabajo Raúl Repetto.
Por estos hechos se encuentran detenidos con prisión preventiva los oficiales Ezequiel Vega y Gustavo Reyes, acusados de tentativa de homicidio y de homicidio con alevosía respectivamente. Sumado a esto el pedido de los abogados al fiscal para que investigue mayores responsabilidades en el caso.
Cabe recordar que los 3 chicos, como tantos otros vecinos del Barrio de Carcova y del área conocida como Reconquista, reforzaban su economía familiar recolectando deshechos en el CEAMSE
Una formación descarrilo y los medios titulaban la noticia: “descarrilamiento y muerte” (visión siete); “descarrilamiento y robo” (C5N), mostrando lo tendencioso de algunos titulares.
La noticia giro en torno a la pregunta si el tren descarrilo por las condiciones de las vías, la falta de mantenimiento de TBA, empresa subvencionada por el estado, o bien fue provocado con fines de robo de autopartes, por una -“banda organizada que aprovecho la susceptibilidad de la policía bonaerense dado que habían matado a un policía en esos días”- dijo el ministro de justicia bonaerense.
Este tratamiento de la noticia, “que fuera un palo o un tronco lo que haya hecho descarrilar al tren”, saca de foco la triste noticia de que dos jóvenes que vivían en un barrio humilde y se dedicaban a cartonear, Mauricio Ramos de 17 años y Franco Almirón de 16, recibieran la descarga de escopetas con balas de plomo por la espalda por parte de quienes deberían velar por nuestra integridad física y la seguridad de todos sin distinción de sexo, edad, o condición social.
Esto sigue siendo parte de la bien conocida estigmatización de la pobreza, donde la policía reacciona violentamente contra la población, pero no contra cualquier persona, sino contra quienes tienen menos posibilidades de defenderse o hacer valer sus derechos y por vivir en zonas pobres del conurbano; con la presunción equivocada de que cualquier persona que se encontrase en las inmediaciones era culpable. Estos hechos no solo nos recuerdan, sino que son continuidad, sin ir mas lejos, de los golpes, el atropello de los derechos humanos, represión y fusilamientos de José L. Suárez del 56´, y el proceso de los 70´, el caso Bulacio, los asesinatos y violencia en la crisis institucional del 2011- Kosteki y Santillán, Pocho Lepratti-, casos que terminan en homicidios o golpizas, abusos de autoridad o negligencia policial, la muerte y abuso policial de personas privadas de su libertad en unidades carcelarias o comisarías y tantas otras victimas silenciosas o silenciadas. Las políticas de mano dura y tolerancia cero, se aplican cotidianamente, al amparo del consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar estos hechos y de esta manera se continúan vulnerando derechos humanos aun en democracia.
Las organizaciones sociales como militantes comprometidos en este proyecto nacional tomamos real compromiso con esta causa y no solo recordamos y acompañamos a los familiares y damnificados, sino también asumimos el compromiso de proponer y construir políticas que sirvan como dispositivos de control ciudadano contra la vulneración de derechos y la protección de los mismos poniendo a las fuerzas de seguridad realmente al servicio de la comunidad toda y fundamentalmente a la de los mas desprotegidos.
Por eso hoy, no solo decimos NI UN PIBE MENOS, NO MAS GATILLO FACIL, NUNCA MAS EN SAN MARTIN! sino que asumimos el compromiso de velar y construir en forma conjunta, soluciones para erradicar estas prácticas y asegurar derechos.
