Declaración política surgida de la Mesa Federal realizada el sábado 13 de agosto de 2023. 

En 2023 nuestro país cumplirá 40 años ininterrumpidos de democracia. Los sueños, esperanzas y anhelos que llegaron con la recuperación del orden constitucional chocaron una y otra vez contra las frustraciones de un país, un pueblo y una dirigencia que no logró resolver sus problemas y proyectar un futuro que nos contenga a todos y a todas.

Tras décadas de estancamiento económico, deterioro de los índices sociales y profundización de las desigualdades, millones de argentinos sufrimos las consecuencias de un modelo injusto que no garantiza los derechos básicos ni puede hacer cumplir las obligaciones esenciales.

Para torcer este rumbo incierto consideramos necesario iniciar un profundo proceso de renovación política y generacional que nos permita volver a expresar el interés nacional, un interés que puede sintetizarse en la felicidad del pueblo y la grandeza de la Argentina.

Desde el Movimiento de Unidad Popular asumimos el compromiso de dar la pelea por esa Argentina que queremos. Somos una fuerza política que tiene más de 20 años de vida que se ha desarrollado a lo largo y ancho de nuestro país. Nuestro trabajo político, social y cultural nos dio la experiencia necesaria para estar a la altura de las circunstancias y proponer a los argentinos y argentinas un nuevo camino para dejar atrás las frustraciones que ahogan nuestros sueños.

Estamos convencidos que cualquier principio de solución requerirá poner en el centro del debate el problema del trabajo, la producción y la educación. 

Nuestra estrategia será elevar la productividad general de la economía y garantizar los mecanismos para que de esa productividad puedan apropiarse de manera equilibrada el empresariado, los trabajadores y el Estado. El nuevo modelo económico para el desarrollo nacional debe garantizar que los 47 millones de argentinos podamos vivir dignamente de nuestro trabajo.

Para ello necesitamos que el sector privado pueda capitalizarse, dinamizar la inversión y la innovación, generar valor y multiplicar los puestos de trabajo. Pretendemos que los trabajadores participen de manera activa en la estrategia de desarrollo productivo y que sus salarios crezcan junto con la productividad, para de ese modo alcanzar niveles de vida socialmente justos. 

El Estado debe transformarse en el principal aliado del sector productivo, garantizando reglas de juego claras y estables y una macroeconomía que proteja los intereses nacionales. A su vez, debe brindar servicios educativos y formativos acordes a los desafíos del siglo XXI y garantizar las condiciones para que el pueblo trabajador tenga salud, seguridad, transporte, conectividad, educación de calidad y acceso al entretenimiento y la recreación.

En la Argentina que viene ningún sector sobra y todos son necesarios. 

El campo y los procesos derivados de la industrialización de la biomasa serán uno de los pilares sobre los que ha de levantarse el nuevo modelo económico para el desarrollo nacional. En función de estos objetivos rechazamos la idea de que el campo debe pagar los platos rotos de los errores macroeconómicos del pasado; y por el contrario, reivindicamos el rol de la producción agropecuaria y agroindustrial como uno de los pilares fundamentales para la Argentina que queremos construir.

Las industrias tecnológicas junto con el turismo, la minería y la energía nos permitirán hacernos de las divisas necesarias para sostener la industria manufacturera de menor competitividad y productividad, pero intensiva en mano de obra. Necesitaremos tiempo, inversión y escala para disminuir la protección y alcanzar niveles de equilibrio que nos permitan competir en el mundo. 

Rechazamos cualquier tipo de iniciativa aperturista que no contemple el tiempo y la distancia que nos llevan los países que acumularon desarrollo de la industria manufacturera durante décadas.

A su vez pretendemos que los saldos favorables del intercambio comercial nos permitirán acumular las reservas necesarias para estabilizar las variables macroeconómicas y construir una herramienta anticíclica que nos evite recurrir al endeudamiento o la emisión ante los vaivenes de la economía global.

Para ello son necesarias dos premisas: Todo lo que pueda ser exportado deberá ser exportado y todo recurso natural que pueda ser explotado deberá ser explotado. Esto no significa deslindarse de la responsabilidad de proteger el medioambiente y defender nuestra casa común, sino por el contrario utilizar la biodiversidad y el ecosistema como activos ambientales a proteger. Somos plenamente conscientes que no puede haber justicia social si no hay condiciones ambientales seguras para nuestro pueblo.

Por esto rechazamos las variantes extremas que se nos presentan ante este desafío. No aceptamos el prohibicionismo que condena a los pueblos a vivir en la pobreza extrema en un entorno natural inalterable; ni aceptamos la explotación de los recursos por fuera de las normas ambientales. A su vez reafirmamos el mandato constitucional de que los recursos naturales son propiedad inalienable de las Provincias y agregamos que su explotación debe redundar indefectiblemente en una mejor calidad de vida de las comunidades asentadas sobre ellos. 

Argentina tiene las condiciones para transformarse en un actor energético principal en el subcontinente y de relevancia a nivel mundial. El gas de Vaca Muerta debe ser el motor de la industria nacional y herramienta geopolítica con los países vecinos y con todo aquellos que tienen saldo energético negativo y requieren importar energía, sobre todo Europa y el sudeste asiático.

El litio y el hidrógeno verde constituyen activos invaluables para la transición energética hacia la que nos dirigimos y nos permitirán construir enclaves de alto valor agregado y altos salarios. 

Somos conscientes de que un desafío de semejante envergadura requerirá un sistema educativo que forme a los trabajadores, profesionales, científicos y dirigentes que constituyen la pirámide del sistema productivo. Para ello comenzaremos un proceso de fuerte inversión desde la propia base del sistema para garantizar la calidad educativa de todos los niños y jóvenes que habitan nuestra tierra.

Esto solo será posible si resolvemos tres temas postergados: el salario docente, la infraestructura básica escolar, la ampliación de la jornada educativa y la actualización de los planes de estudio.

En la nueva Argentina los docentes, al igual que los trabajadores de la seguridad y de la salud, deberán estar entre los mejores remunerados, y a su vez, entre los más preparados. Proponemos a la comunidad educativa y a todos los argentinos un proceso en el cual se puedan elevar los salarios progresivamente al tiempo en que todo el personal se capacita y eleva los estándares para el cumplimiento de los objetivos de la nación.

La infraestructura escolar volverá a ser una prioridad nacional. Pondremos en marcha el mayor programa de reconstrucción y mantenimiento de edificios escolares de la historia, al tiempo que volveremos a planificar y construir escuelas con estándares, diseños y materiales de primer nivel. No habrá en el país mejores edificios que las escuelas públicas.

Para esto tendremos que trabajar mancomunadamente los tres niveles del Estado: Nación Provincias y Municipios en conjunto con la comunidad y con el sector privado. Requeriremos que las empresas colaboren activamente y sean también protagonistas de la reconstrucción del sistema educativo. No tenemos anteojeras ideológicas ni prejuicios que nos limiten para la colaboración público-privada a la hora de pensar el futuro de nuestros hijos. 

La actualización de los planes de estudio será el eje de la revolución que pretendemos iniciar. Primero, la revolución es conceptual: La escuela es para enseñar y aprender, no para contener. Segundo, la revolución es práctica: Los contenidos aprendidos deben permitirle a los hombres y mujeres desempeñarse y valerse por sí mismos en un mundo cada vez más complejo y competitivo. Tercero, la revolución es de valores: La paz, la armonía social y el desarrollo nacional están sobre cualquier otro interés.

Somos plenamente conscientes de que más allá del problema de la calidad educativa enfrentamos el problema de la deserción. Hoy la mitad de los jóvenes no termina el colegio secundario y de esta manera ven conculcado su futuro. Está absolutamente demostrado que quienes no han terminado el colegio arrastran de por vida dificultades para insertarse en el mercado laboral, perciben menos ingresos y para peor, dejan a las futuras generaciones en peores condiciones para iniciar el trayecto educativo, repitiendo así el ciclo de deterioro educativo, económico y social.

Ante esto se ha impuesto una receta que ha traído muchos problemas y ninguna solución. Nos han querido hacer creer que bajar el nivel y flexibilizar las normas de conducta redundaría en menor nivel de deserción. Las consecuencias están a la vista: la deserción sigue siendo alta, los que permanecen aprenden menos y se ha roto el contrato social dentro de la escuela. 

Por el contrario, consideramos que el nivel educativo y las normas de conducta, en conjunto con la enseñanza de los valores nacionales y cultura del esfuerzo son esenciales para moldear nuevas generaciones de argentinos que valoren lo que tienen y sobre todo sueñen con un destino de grandeza.

Sin dudas el sistema universitario nacional y el complejo científico-tecnológico es de lo mejor que tenemos en la patria. Vamos a seguir fortaleciendo la educación superior. Pretendemos, en conjunto con las universidades y reconociendo sus capacidades para planificar y ejecutar, alcanzar las metas de permanencia y egreso en las carreras prioritarias acorde al nuevo modelo económico para el desarrollo nacional con inclusión social.

Nuestro objetivo es que cualquier argentino, nacido en cualquier provincia y en cualquier familia, tenga la oportunidad de completar sus estudios básicos y graduarse de una carrera universitaria si así lo desea. Sin embargo, eso es imposible para millones que nacen en la pobreza o la indigencia, incluso para quienes lo hacen a pocos metros de una unidad académica.

Por eso nuestra política social estará enfocada en dos aspectos: que ningún niño o niña pase hambre y que ningún niño/niña deje la escuela. Las políticas sociales, cada vez más cantidad y con más presupuesto, no han podido garantizar ninguna de las dos prioridades. 

En tal sentido proponemos un rediseño completo de las políticas sociales. La familia y el trabajo serán los ejes vertebradores de la ayuda social mediante las cuales buscaremos eliminar la indigencia y reducir la pobreza.

La Renta Básica Universal, la Promoción del Trabajo Autogestionado y el Acceso a la Tierra serán las herramientas con las que buscaremos que millones de argentinos superen la situación de vulnerabilidad extrema. Las políticas de primera infancia y de cuidados tendrán centralidad para fortalecer el núcleo familiar y combatir los males sociales que deterioran la armonía necesaria para la realización de la comunidad organizada.

Poner el acento en las políticas de cuidado – entendida como la infraestructura orientada a garantizar el bienestar y el ejercicio de derechos no sólo entre quienes reciben dichos cuidados (niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad) sino también a quienes brindan los cuidados (trabajadores, en su mayoría mujeres)-  contribuye a reducir la carga del trabajo doméstico no remunerado, facilitando la igualdad de oportunidades entre los géneros y  generando un alto impacto sobre la economía del país. 

Estamos convencidos de que existe en nuestro pueblo una creatividad y una voluntad de trabajar que están subdesarrolladas porque no existen los incentivos correctos que permitan dinamizar la economía popular.

En conjunto con las Provincias y los Municipios tenemos que eliminar las trabas burocráticas, bajar la presión impositiva y eliminar las leyes distorsivas que limitan el desarrollo de las fuerzas productivas innatas en nuestro pueblo. Todo aquel que quiera abrir un negocio deberá poder abrir un negocio, para ello tenemos que impulsar reformas estructurales que permitan constituir sociedades y cooperativas de manera sencilla y rápida y simplificar el sistema tributario. A su vez el Estado debe dejar de ser el mayor tomador de crédito y liberar esos fondos para el aparato productivo y para el acceso a la tierra y la vivienda.

No desconocemos los límites fiscales a los que nos enfrentamos, pero creemos que las políticas sociales que necesitamos pueden ser financiadas sin aumentar la presión tributaria y tenemos la obligación de encontrar los fondos dentro del presupuesto nacional existente. Para ello no debe demorarse más la revisión integral tarifaria, la reducción de los costes de generación y la actualización de las tarifas. El tesoro nacional no puede seguir destinando 16 mil millones de dólares al año para subsidiar las tarifas mientras tenemos niños que pasan hambre.

Será una decisión dolorosa pero necesaria: salvo los sectores vulnerables, cada argentino deberá, de manera progresiva y en un plazo de 4 años, pagar por la luz y el gas el precio de lo que consume. Con esta medida, más la unificación de planes existentes, se podrá financiar de manera escalonada el salario básico universal hasta llegar a los 8 millones de compatriotas que lo necesitan.

La sabia regla de no gastar más de lo que ingresa debe observarse. El equilibrio fiscal no debe ser una meta, sino un punto de partida para concretar las metas del crecimiento y el desarrollo. No podemos seguir con el déficit crónico que condena a millones de argentinos y argentinas a vivir con una inflación que carcome las propias bases del sistema productivo y empuja a los más débiles a la pobreza. 

Necesitamos un Estado presente, inteligente y eficiente que brinde servicios públicos de calidad. Impulsaremos un rediseño profundo del Estado para eliminar organismos que se superponen o no tienen tareas concretas, y destinaremos el esfuerzo tributario de todos los argentinos a aquellos temas que son prioritarios.

La seguridad pública debe tener un capítulo preponderante. El poder ejecutivo, junto con las provincias y municipios tienen la obligación de prevenir y perseguir el delito, pero no puede hacerlo si el Poder Judicial ampara y protege a los delincuentes y a los entramados mafiosos. 

Los sistemas de justicia también  han demostrado ser ineficientes para dar respuesta y atender a las demandas de las mujeres y LGTBI+, muchas veces reproduciendo la violancia, la discriminación y la revictimización.  Por esto también resulta imperioso  incluir la perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas y en todo el Poder Judicial. 

Los índices de violencia por motivos de géneros no descienden en nuestro país por lo que debemos comprometernos junto a organizaciones de la sociedad civil, otras instituciones y los Estados provinciales y municipales para aumentar la sensibilización, la prevención y las respuestas que se encaminen a erradicar la violencia, trabajando también sus causales culturales. 

En la Argentina que viene no toleraremos que quienes atenten contra la vida anden libres entre nosotros. Nadie, bajo ningún pretexto ni ninguna circunstancia puede empuñar un arma contra otro compatriota y mucho menos debe encontrar entre los servidores públicos justificación alguna. 

La Argentina que queremos construir se basa en el respeto de las leyes, la igualdad de oportunidades y la unidad de los argentinos.

Todos, más allá de nuestro posicionamiento político o ideológico, coincidimos en que el crecimiento económico, el empleo, la educación y la pobreza son los desafíos más importantes que tenemos por delante. Sin embargo, todos tenemos la tentación de creer que la resolución de estos desafíos puede estar en manos de alguno de los sectores que disputamos la representación política de la sociedad.

Nosotros tenemos un posicionamiento claro y defendemos nuestras ideas, pero dejamos de ver en las ideas del otro al enemigo. De alguna manera, aunque nos lleve días sin dormir y gastemos hasta el último gramo de energía que tenemos en el cuerpo, debemos encontrar los puntos en común que nos permitan superar la grieta y construir un pacto de unidad nacional que sólo excluya a quienes quieran destruirlo. 

Tenemos que dejar atrás falsos antagonismos que nos impiden pensar, proyectar y llevar adelante un modelo de desarrollo nacional con inclusión social. La grieta se ha transformado en un ancla que nos mantiene amordazados al subdesarrollo y se muestra sólo efectiva para quienes subordinan el destino de la patria a sus intereses particulares.

El punto de partida deberá ser el ejercicio pleno del Federalismo. Las Provincias deben participar activamente en el diseño de las políticas públicas y en el ejercicio del poder político. Para tal fin proponemos la institucionalización, con rango Constitucional, del Consejo Económico y Social, con participación de todos los sectores políticos con representación parlamentaria.

La Argentina que viene necesita un rediseño institucional, logístico y de infraestructura para descentralizar y federalizar el desarrollo. Es el tiempo de los hombres y mujeres del interior; es el tiempo de reivindicar las tradiciones y los valores arraigados en lo profundo de la tierra. No podemos darnos el lujo de desperdiciar la sabiduría que anida en las comunidades que han sabido ponerse de pie y diseñar un futuro hasta hace poco impensado.

Sobre la unidad de los argentinos y con el desarrollo nacional como bandera, debemos buscar una inserción internacional inteligente que nos permita maximizar las oportunidades y reducir las amenazas. 

Trabajaremos de manera mancomunada con los países vecinos y con los bloques regionales que integramos en la defensa del derecho internacional en el marco de un mundo multipolar. Defenderemos el MERCOSUR y alentaremos los cambios que necesita una para que continúe siendo una herramienta de integración regional conveniente para todos sus integrantes.

No debe esperarse de nuestro país alineamientos automáticos ni participación en conflictos diplomáticos que no nos conciernen ni intervenciones militares que socavan la paz.

Miramos al mundo desde Sudamérica. Nos reconocemos en la historia, la cultura y las luchas de este continente por la libertad y la igualdad. Nuestro objetivo será el mantenimiento de las democracias y la paz regional. Pretendemos seguir siendo un continente sin conflictos étnicos, religiosos ni militares; con unidad en la diversidad. 

La Cancillería deberá orientar sus esfuerzos para que cada embajada sea un agente de colocación de nuestros productos, servicios y bienes culturales. El personal diplomático deberá conocer el entramado productivo nacional y protagonizar un cambio conceptual que nos lleve a enfocarnos en Asia y África.

Argentina es y seguirá siendo un país abierto al mundo. Queremos recibir a todos quienes quieran venir a habitar nuestras tierras, a trabajar, a emprender y a invertir. Sin embargo, nuestra buena voluntad y nuestra predisposición al diálogo y la cooperación parecen no encontrar eco en una parte de la comunidad internacional que mira para otro lado ante la ocupación de nuestras Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña y la OTAN.

La recuperación de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur es parte inescindible de nuestro proyecto de Nación.. Avanzar en ese camino solo será posible si nuestro país recorta las distancias económica, militar y geopolítica que nos separa de Gran Bretaña. 

Por ello, y ante un mundo complejo, inseguro y ambicioso de recursos económicos y naturales, debemos observar el problema de la defensa nacional con mucha preocupación. La Fuerzas Armadas, la industria militar y la tecnología aplicada a la defensa deben volver al centro de las preocupaciones nacionales y nuestro país debe darse una política acorde a los desafíos que tenemos por delante.

Nuestra mirada está puesta en el futuro, lo que queremos ser ocurrirá en el futuro. Para ello debemos tomar hoy las decisiones que nos permitan avanzar y estamos dispuestos a dar los pasos necesarios sin mirar para atrás.

No renegamos ni escondemos nuestro pasado; de él tomamos la fuerza de los libertadores y patriotas, y el ejemplo de las fuerzas populares que hicieron grande a nuestra nación. Nos reconocemos en la tradición de San Martín, Juana Azurduy, Rosario Vera Peñaloza, Martín Miguel de Guemes, Juan Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen, Juan Perón y Eva Perón; y valoramos el aporte a la democracia y el desarrollo que han hecho dirigentes de distintas corrientes de opinión.

Nos enorgullece ser parte de una nación que juzgó a los genocidas de la dictadura gracias al compromiso y el esfuerzo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de Derechos Humanos y una dirigencia política que estuvo a la altura de las circunstancias. Nos enorgullece ser parte de una nación que ha reconocido y promovido derechos y libertades individuales por los que hombres y mujeres lucharon por décadas.

Los hombres y mujeres que integramos el Movimiento de Unidad Popular somos plenamente conscientes del tiempo que nos toca transitar y de los sacrificios que deberemos hacer. Nuestros antepasados están enterrados en esta tierra y nuestros hijos creciendo en ella, por eso nada nos moviliza más que el amor por la Argentina y la fuerte voluntad de transformarla.

Es ahora.