En el transcurso de la Mesa Federal del MUP que se llevó a el pasado fin de semana de abril en Pipinas, Bernardón comentó un episodio de violencia que sufrió una comunidad originaria en su provincia: “En la mañana del 27 de noviembre del año pasado hubo un desalojo por orden de un juez a una comunidad de 70 familias diaguitas que habitan en el Valle Calchaquí mediante el uso de una topadora. Hubo violencia policial sobre niños y mujeres e inclusive las tiraban a la ruta”. 

“El motivo del desalojo fue porque un señor había comprado las 60 hectáreas donde estaban estas familias y  pidió el desalojo a la jueza, aduciendo de que él era el dueño. Este señor sabía lo que compraba y no le importó que esté allí esta comunidad que vive hace 40 años. Ellos viven de su pequeña huerta y ganado que son cabras y unas pocas vacas en un pedazo de esas hectáreas”,  afirmó Bernardón sobre el violento desalojo que sufrieron esas familias de la comunidad indígena en la localidad de Cachi (COMUNIDAD ORIGINARIA DIAGUITA CALCHAQUI LAS PAILAS).

El secretario de Pueblos Originarios del MUP recordó que “la gente afectada se pudo contactar conmigo. Me pidieron ayuda ante esta situación. Recurrí a la Corte Suprema de Justicia y de ahí me derivaron al Inadi que intervino ante la jueza para suspender provisoriamente dicha medida”.

 “Afortunadamente producto de la difusión que tuvo el tema en un canal de TV en Salta, se pudo evitar el desalojo. Fue una férrea lucha durante una semana y a medida que se tomó connocimiento público, obligó a que la jueza suspenda esa medida”, expresó minetras agragó que "esas tierras son de los antepasados de ellos. Esos terrenos son del Estado no son fiscales. Los compró a bajo precio como tierra inútil cuando en realidad quería poner una ganadería. Sabía para qué compraba esas tierras y para qué las iba a utilizar".

Para Bernardón estas prácticas de compra de hectáreas y posterior desalojo “es común más en la parte de Tartagal y Orán, donde viven muchas familias diaguitas y tobas”. Los medios de comunicación de Salta tapan estos problemas sociales y no difunden realmente la realidad de lo que ocurre realmente en los barrios periféricos”, sostuvo el secretario de Pueblos Originarios y Tierras del MUP.

Acerca de la modalidad que tiene la policía para llevar adelante un desalojo, el dirigente explicó:  “un señor compra una determinada cantidad de hectáreas y recibe un papel. Luego recurre a la policía más cercana para que desalojen a una determinada comunidad, presentando papeles que nosotros desconfiamos”.