El 11 de enero de 2006 Néstor Kirchner promulga la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, que establece una meta: alcanzar el 6% del PBI destinado a Educación. Esta ley marca un punto de inflexión en las políticas de inversión educativa y vuelve a poner en el centro la responsabilidad del Estado en el sostenimiento del sistema educativo, a contrapelo de las políticas de desinversión del ciclo neoliberal inaugurado en 1976.

En diciembre de 2010, finalmente, la meta es alcanzada. El resultado de esta política se tradujo rápidamente en una significativa mejora salarial de los trabajadores de la educación de todo el país luego años de congelamiento y ajuste, en la ampliación de las plantas funcionales de las escuelas con la creación de miles de nuevos cargos y horas cátedra, y en la inversión inédita en infraestructura escolar.

6 de abril de 2010, Cristina Fernández de Kirchner  lanza el programa Conectar Igualdad, que tiene como premisa la inclusión digital con alcance federal, para lo cual busca proporcionar una computadora a alumnos, alumnas y docentes de educación secundaria de escuelas públicas y de institutos de formación docente. El programa implica la entrega de 3 millones de netbooks en el período 2010-2012.

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