Cuando el 23 de marzo de 2004 el presidente Néstor Kirchner ordena al entonces jefe del Ejército retirar los cuadros de los ex dictadores Videla y Bignone  del Colegio Militar se estaba produciendo una escena que rápidamente se convertiría en un símbolo de la década: las políticas públicas destinadas a poner fin a la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En agosto de 2003 el Senado declara la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida a través de la Ley 25.779; dos años más tarde, un fallo de la Corte Suprema declara que las leyes de impunidad son inválidas e inconstitucionales y se pronuncia sobre la validez de la ley sancionada en el Congreso. De ahí en adelante se reabren las causas por delitos de lesa humanidad en todo el país, se realizan juicios en todo el país y se producen condenas emblemáticas.

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