La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se había presentado ante la justicia para solicitar la nulidad de "la declaración de ilegalidad" de la medida de fuerza, como había sido decretado por el gobierno de la Ciudad.
La administración Macri había adoptado esa determinación respecto de los paros del 4 y 30 de noviembre de 2010 en el Teatro Colón y, por lo mismo, ordenó entonces un sumario administrativo, que concluyó con la decisión de cesantear a nueve delegados.
Sin perjuicio de las sentencias favorables en los juicios individuales de Máximo Parpagnoli, José Piazza y Oscar Ochoa, en los que la justicia rechazó la cesantía por "improcedente", el Juzgado Nacional del Trabajo 10 a cargo de Laura Pappo, hizo lugar a la demanda de la ATE contra el gobierno porteño.
La magistrada declaró la invalidez de las Resoluciones 320 y 147 del 11 y 31 de marzo de 2011, informó la organización gremial.
El sumario iniciado contra más de 25 trabajadores que participaron en asambleas resultó nulo de nulidad absoluta e insanable y, su fundamento, fue la ilegalidad de las medidas.
La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria también rechazó el recurso de inconstitucionalidad del gobierno porteño y le impuso una multa diaria de 300 pesos por incumplir "la setencia de 2008, que le ordenó negociar colectivamente".
"La justicia reconoció la libertad y pluralidad sindical en el ámbito del sector público, garantizando el legítimo derecho a realizar asambleas y reuniones y a expresarse, así como a la negociación colectiva, lo que reconoce el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo" (OIT), señaló un comunicado.