Desde el Movimiento de Unidad Popular pedimos la libertad de los detenidos durante la
movilización del 12 de junio contra la ley de bases que se debatía en la Cámara de Senadores.
Luego de una multitudinaria movilización, con decenas de miles de argentinos expresando su
descontento con una Ley que es contraria al interés nacional, un pequeño grupo protagonizó hechos de
violencia que fueron ampliamente difundidos y fueron utilizados como pretexto para que las fuerzas de
seguridad, operando bajo las órdenes de la Ministra Patricia Bullrich, salieran a detener de manera
aleatoria a ciudadanos que no se encontraban participando de ningún hecho de violencia e
incluso se registraron detenciones a más de 10 cuadras del lugar donde se registraron los incidentes.
La gran mayoría de quienes se encuentran detenidos no estaban cometiendo ningún
delito sino que, como se puede ver en todos los registros de video, se trata de trabajadores de la
economía popular y ciudadanos que se manifestaban de manera pacífica en las inmediaciones del
Congreso Nacional.
Pese a las claras evidencias de que el accionar de las fuerzas de seguridad había sido
defectuoso y arbitrario, el Fiscal Carlos Stornelli imputó por delitos gravísimos a los detenidos.
Entre otras cosas se los acusó de “Instar la violencia colectiva en contra de las instituciones
infundiendo temor público” y “Alzarse en contra del orden constitucional con el propósito de perturbar
y/o impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la cámara alta
del Congreso”.
Llama poderosamente la atención que mientras la Ministra Bullrich acusa en los medios a
organizaciones gremiales y sociales de ser los autores de los incidentes, no muestre imágenes que
vincules a esas organizaciones con los incidentes y en el caso de los detenidos, en tan solo 3 casos
tiene imágenes que los vinculan con los hechos de violencia. Sin embargo publicaciones
periodísticas dan cuenta de la presencia de infiltrados de las fuerzas de seguridad provocando
incidentes.
Resulta evidente que se trata de una operación política de persecución, amedrentamiento
y desaliento a las movilizaciones sociales, gremiales y políticas. Ante esto exigimos la inmediata
liberación de los manifestantes detenidos injustamente y la desestimación de las causas judiciales
armadas para doblegar al pueblo.
Llamamos a todos los sectores que vienen sufriendo el plan económico de ajuste y
hambre que lleva adelante este gobierno a proseguir con la lucha en defensa de la Constitución,
de la libertad, del derecho a manifestarnos y del interés nacional.
Norma Porucznik
Secretaria de Derechos Humanos
Movimiento de Unidad Popular
