La Argentina está a la vanguardia en el tratamiento del tema, contando con la Ley 26485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollan las relaciones interpersonales.

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, firmó en 2009 el decreto reglamentario de la ley con el objeto de promover acciones positivas que tiendan a asegurar a las mujeres el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados Internacionales y que dan cuenta de la preocupación por la promoción y protección de derechos y la lucha de todos los colectivos de género y organizaciones sociales.

En ese sentido, la provincia de Buenos Aires fue una de las pioneras en la materia al promulgar la ley 12569 de Violencia Familiar, que el gobernador Daniel Scioli, a través de la Ley 14509, modificó a efectos de adaptar sus disposiciones a las establecidas por la Ley 26485.

Como Autoridad de aplicación, el Ministerio de Desarrollo Social trabaja de forma intersectorial contando con la participación de los distintos organismos de la provincia, a fin de fortalecer el accionar de las diferentes áreas, optimizando y jerarquizando tanto recursos como capacidades y evitando fundamentalmente la revictimización de aquellas personas que sufrieron violencia familiar y de género.

De este modo, consolidamos y profundizamos políticas públicas con acciones en territorio para modificar un patrón de comportamiento simbólico y social llegando a la ciudadanía con información precisa y confiable, explicitando derechos y poniendo en valor las acciones para prevenir y erradicar este flagelo.

En efecto, el poder ejecutivo de la provincia creó una Mesa Intersectorial de Violencia Familiar como instrumento de intervención que promueve un sistema integrado de prevención y atención de las víctimas de violencia familiar. En este sentido, conformamos 30 nuevas mesas locales sobre violencia de género con capacitaciones en municipios donde aún no existían.

El Estado en coordinación con las organizaciones especializadas en la problemática avanzamos con acciones concretas promoviendo un cambio cultural para una sociedad en la que las mujeres gocen plenamente de sus derechos, entendiendo que son obligatorios, irrenunciables e integrales.