Desde el Movimiento de Unidad Popular rechazamos el involucramiento de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y alertamos que ese camino no contribuirá a solucionar el problema sino que por el contrario traerá otros problemas que agravarán aún más la situación.

Consideramos que la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad de Rosario es un problema de orden principal para nuestro país. El narcotráfico y todos los delitos conexos y derivados son completamente contrarios a la comunidad organizada en la que el pueblo y el Estado tienen el control del espacio público y este está al servicio de la comunidad.

Por el contrario, en la actual situación en la que la violencia, las balaceras, extorsiones, amenazas y asesinatos son moneda corriente, es la comunidad toda, pero sobre todo los sectores más vulnerables, los que sufren múltiples problemas que alteran la vida cotidiana e impiden que una sociedad se desarrolle. Se alteran las relaciones sociales y familiares, los procesos productivos, educativos, sanitarios, culturales y recreativos, transformando así a la sociedad en rehenes de grupos criminales.

Esto constituye una grave amenaza a la vida, la familia, la cultura y al Estado, por lo cual estas bandas criminales son enemigas de la nación y deben ser combatidas con la mayor dureza posible, siempre dentro de la ley. No tenemos ningún tipo de mirada contemplativa sobre estas bandas criminales.

No tenemos posiciones condescendientes de ningún tipo con delincuentes que levantan un arma contra otro ser humano y ponen en riesgo la vida. Consideramos que todos aquellos que cometen este tipo de delitos deben ser detenidos, procesados, condenados y luego deben cumplir su condena en las más estrictas condiciones de detención.

Para ello el Estado tiene múltiples herramientas a disposición sin necesidad de recurrir a las Fuerzas Armadas, que no tienen la doctrina, ni el entrenamiento ni el equipamiento para intervenir en la represión del delito.

Las Fuerzas Armadas tienen un rol principal en la defensa de la soberanía,del territorio y de la población frente a un ataque estatal externo. Nuestro país tiene casi un tercio de su superficie ocupada por una potencia extranjera y mantiene divergenciasconstantes por el avance del Reino Unido sobre aguas territoriales nacionales. También,mantenemos un reclamo de integridad territorial y soberanía por la Antártida y se ha roto elequilibrio de fuerzas respecto de los países vecinos.

Nuestras Fuerzas Armadas deben concentrar el esfuerzo en reconstruir su
capacidad operativa para la misión que el Estado les encomendó. Para ello abogamos
por una fuerte recomposición presupuestaria que permita el equipamiento, elentrenamiento
y el nivel salarial adecuados.

Pretender que este Ejército desembarque en la ciudad de Rosario para
perseguir a delincuentes que portan armas de bajo poder en motos de baja cilindrada
es como pretender usar un misil para matar un pájaro.

Por otro lado expondríamos a nuestros soldados, repetimos, formados para
enfrentar a otro ejército, a verse involucrados en enfrentamientos a partir de los cuales
podrían desprenderse causas penales y reclamos de las organizaciones de derechos
humanos y políticas volviendo de este modo a sembrar discordia entre pueblo y Fuerzas
Armadas retrotrayéndonos de este modo a una etapa que pudimos cerrar con memoria,
verdad y justicia.

Tampoco estarán exentas nuestras Fuerzas Armadas al intento de infiltración de
las bandas criminales mediante el soborno y la extorsión. Múltiples casos a nivel global,
como Colombia y México, demuestran que es extremadamente difícil evitar el soborno y la
cooptación de agentes estatales por parte del narcotráfico.

El Ejército Argentino podrá tener múltiples defectos, pero hasta ahora no
tiene una sola denuncia de estar involucrado con el narcotráfico y eso hace también a
la confianza que la sociedad tiene en el rol que tiene que cumplir. No cometamos la
canalladas de exponerlo en una temática para la que no fue preparado. ¿O acaso eso
es lo que buscan dirigentes influenciados por potencias extranjeras?

Si realmente se busca combatir a las bandas narcos, el Estado tiene todas las
herramientas necesarias sin modificar la Ley de Seguridad Interior ni involucrar al Ejército.
Para empezar, la Gendarmería Nacional, una fuerza militarizada que sí está preparada para
la represión del delito, tiene el doble de personal que el Ejército. Tenemos también la PolicíaFederal, la Policía Aeroportuaria y la Prefectura.

Tenemos organismos para perseguir el lavado de activos y organismos que pueden
aportar el equipamiento tecnológico para monitorear en tiempo real el movimiento de lasbandas y asistir de este modo a la justicia y las fuerzas de seguridad.
El problema no está ni en la falta de personal ni en la falta de herramientas.

Tenemos que abordar el problema en toda su complejidad y de manera transversal. En
primer lugar el problema del servicio penitenciario. ¿Hay disponibles en la Argentina 1000, 2000 o 3000 plazas carcelarias para detener a todos los involucrados en estosdelitos en Rosario? Claro que no y por ende ningún combate contra estas bandas se tornacreíble si de inmediato no se comienzan a construir las cárceles federales necesarias.

Si no hay lugar para detener a todos los involucrados en estos delitos, ¿Qué se
pretende? ¿Detener solo a los líderes y dejar sin jefes a los soldaditos? Pan para hoy y
hambre para mañana. Ningún sicario, por más joven e inexperto que sea, va a
reincorporarse a la vida social solo porque su jefe haya caído detenido.

Esto nos conduce también al problema de la Justicia santafesina, que sin
dudas ha sido incapaz de desempeñarse ante esta crisis. Coexisten múltiples factores:
corrupción, connivencia, miedo, falta de presupuesto, falta de equipamiento, falta de
personal y también problemas doctrinarios. Una vez más decimos que no se torna creíble lavoluntad de enfrentar al narcotráfico si no se avanza en una reforma judicial que permita
poner al Estado en una misma estrategia.

A su vez no podemos dejar de señalar que la sustentabilidad de un programa de pacificación no puede obviar el problema de las condiciones económicas y sociales. Todo el esfuerzo que hagamos para sacar de las calles a quienes hoy aterrorizan al pueblo será en vano si no reconstruimos la comunidad organizada para evitar que el
narcotráfico busque entre los niños y jóvenes en extrema situación de vulnerabilidad nuevosintegrantes.

En este sentido alertamos que el Poder Ejecutivo, mediante el agravamiento
de las condiciones de vida de la mayoría y mediante el desmantelamiento del aparato
estatal de contención y promoción está, de manera indirecta, colaborando con las
bandas que dice combatir. Para muestra solo falta un botón: en la misma semana en la
que mataron al playero Bruno, la Ministra Petovello cerró el Centro de Referencia de la
secretaría de Desarrollo Social en Rosario.

No sabemos aún si es desconocimiento del problema o si se actúa con realmalicia, pero tenemos absolutamente claro que se está avanzando en un caminoequivocado y con consecuencias dramáticas. Por ello hacemos un llamado a todas lasfuerzas políticas a estar alertas ante las iniciativas del Presidente Milei.

Por último, manifestamos todo nuestro apoyo a los oficiales y suboficiales
que, aun bajo la posibilidad de recibir represalias, han manifestado la negativa a
involucrarse en la represión del delito.
En los últimos años, y especialmente con el difícil tránsito que nos tocó vivir
durante la pandemia, las FF.AA. han terminado de consolidar su vínculo con la
sociedad civil. Todos vimos cómo eran aplaudidos los camiones del Ejército Argentino
cuando llegaban a los barrios más postergados, o cuando las embarcaciones de la Armada
asistían a las comunidades ribereñas, del mismo modo que la Fuerzas Armadas era
reconocida cumpliendo las tareas indispensables en lo que fue el despliegue más grande
desde la Guerra de Malvinas, conocido como Operación General Belgrano, y que puso
todas las capacidades de las Fuerzas Armadas Argentinas al servicio de su pueblo.
Comisión de Seguridad y Justicia / Equipos técnicos.

MOVIMIENTO DE UNIDAD POPULAR