Este jueves se cumplen 55 años de los fusilamientos en José León Suárez, donde la dictadura encabezada por el general Pedro Eugenio Aramburu asesinara a un grupo de civiles que, presumía, integraban la rebelión cívico-militar a cargo de Juan José Valle.

En la noche del 9 de junio de 1956 doce personas son detenidas por la Policía bonaerense cuando estaban reunidas en una casa de la localidad bonaerense de Florida, acusadas de conspirar contra el régimen de facto.

El operativo fue comandado por el propio jefe de la fuerza, teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, quien ordena los fusilamientos ante los decretos firmados por Aramburu. 

La orden se lleva a cabo en un basural de la localidad de José León Suárez, donde mueren acribillados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión, mientras otros siete detenidos consiguen huir.

Para ese entonces se dan a conocer el decreto 10.362/56 de Ley Marcial, el 10.363/56, de pena de muerte, y el 10.364/56, que nombraba las personas a fusilar.
 
Los decretos eran correlativos y con posterioridad se publicaron así en el Boletín Oficial con fecha 10 de junio. Sin embargo, los decretos 10.362 y 10.363 habían sido dejados firmados por Aramburu al partir a Santa Fe el dia anterior, mucho antes de que estallara el movimiento revolucionario del general Valle.

En Campo de Mayo, un tribunal decide que los sublevados no deben ser fusilados.

En la guarnición militar de Campo de Mayo, un tribunal militar presidido por el general Juan Carlos Lorio, tras juicio sumarísimo, decide que a los sublevados no les corresponde la pena de muerte, habida cuenta que la Ley Marcial había sido dictada con posterioridad a los sucesos que se juzgaban.

Cuando el dictador Aramburu ratifica la orden de proceder, el general Lorio reclama que la decisión sea dejada por escrito.

Es así que Aramburu y los miembros de su gabinete firman el decreto 10.364 que detalla la lista de militares que deben ser fusilados, consistiendo este documento en una pieza insólita de nuestra historia en razón de ser el único decreto oficialmente inscrito que ordena el fusilamiento de alguna persona.

Tras esto comienzan los fusilamientos en una comisaría de Lanús, donde son asesinados el teniente coronel José Albino Yrigoyen, el capitán Jorge Miguel Costales y los civiles Dante Hipólito Lugo, Clemente Braulio Ros, Norberto Ros y Osvaldo Alberto Albedro, vecinos de Quilmes.

Mientras, en la ciudad de La Plata, son muertos Carlos Irigoyen, Ramón R. Videla y Rolando Zanetta.