Un nuevo marco que tuvo su síntesis en la sanción de Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero que extiende sus raíces hasta las primeras luchas contra la Ley de Radiodifusión de la dictadura, que establecía carácter estrictamente comercial a la explotación de licencias audiovisuales

Durante casi 30 años las radios y los canales de tv comunitarios, cooperativos y pyme fueron perseguidos por un Estado al servicio de los grandes grupos económicos de medios. El Estado otorgó durante esos años importantes concesiones para permitir la conformación de oligopolios, como el Grupo Clarín y el CEI–Citicorp Holdings, al tiempo que negaba a las asociaciones civiles la posibilidad de prestar servicios de radiodifusión locales.

La Comisión Nacional de Comunicación perseguía e incautaba equipos, al tiempo que el ex COMFER acomodaba los papeles para los grandes medios en detrimento de los chicos. Con Néstor Kirchner en el gobierno algunas cosas empezaron a cambiar. La CNC dejó de perseguir a las radios populares, la Coalición por una Radiodifusión Democrática entró en la Casa de Gobierno, se les permitió a las asociaciones civiles, cooperativas y mutuales acceder a las licencias y se consolidó un poder político democrático que abrió el camino a lo que vendría después. Con Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno, la nueva ley tomó impulso y finalmente fue aprobada en octubre de 2009.

La llamada “Ley de Medios” fija en grandes trazos dos objetivos: La desarticulación de los oligopolios y la construcción de un sistema de medios plural y democrático. El artículo 161 de desinversión, que obliga a las empresas de medios a adecuar sus licencias a lo fijado en el artículo 45, entrará en vigencia el próximo 7 de diciembre y el AFSCA expresó claramente que actuará de oficio para dar cumplimiento a la ley.

Más allá del arduo trabajo (político, jurídico, legislativo) para desarticular la posición dominante del Grupo Clarín, existe otra labor quizás más compleja y que se encuentra fuera del foco de los grandes medios: la construcción de un sistema de medios plural y democrático como política de Estado ha permitido que, combinando esfuerzos entre organismos y ministerios, avancemos a pasos agigantados.

En estos 3 años se han otorgado licencias a 50 universidades nacionales, se han construido 9 polos audiovisuales y tecnológicos, se han constituido más de 350 licencias de radio más otras 650 en concurso. Más de 1000 licencias fueron habilitadas a los municipios, se construyeron 150 radios escolares, y 20 radios de los pueblos originarios. 50 cooperativas de Servicios obtuvieron licencias como cableoperadores. Hoy se producen más de 2800 horas diarias de contenidos audiovisuales fuera del área metropolitana, lo que permite la creación de 6000 puestos de trabajo, y se filman 150 películas al año.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no ha sido ajeno a este esfuerzo colectivo. Bajo la clara comprensión de que la comunicación es un derecho fundamental de los ciudadanos y las comunidades y un factor esencial del desarrollo social, económico y cultural, la ministra Alicia Kirchner ha dado un fuerte impulso a las organizaciones de la comunicación popular y comunitaria.

En este caso, Desarrollo Social realizó un aporte de 430 mil pesos para la compra de los equipos, entre los que se destacan un transmisor de TV Digital de última tecnología y la antena de 8 paneles. De esta manera, la Universidad Nacional de La Plata comenzará a aportar sus ideas, vivencias, noticias, investigaciones, experiencias y críticas al nuevo mapa audiovisual que está naciendo.

Con este paso, la Universidad Nacional de La Plata junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se fortalece la democracia y crece desde el pie la nueva Argentina, más justa, más independiente y más soberana.

Federico Martelli, Secretario General del MUP, Director de Comunicación en Red del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.