Por Néstor Busso (presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias FARCO)
Fue el 27 de agosto de 2004 que cientos de organizaciones presentamos los "21 puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Radiodifusión Democrática". Después de cinco años de debates a lo largo y ancho del país, la presidenta Cristina Fernandez asumió la demanda y envió el proyecto de ley al Congreso. En Diputados, previo cinco días de audiencias públicas, el proyecto con más de doscientas modificaciones fue aprobado por 147 votos a 3. En el Senado la votación fue de 44 a 24, con más de 50 mil personas frente al Congreso apoyando este avance para la democracia. La Ley que hoy cumple cuatro años de su publicación en el Boletín Oficial es producto de la construcción social y de la decisión política de la presidenta. Es el resultado del consenso de cientos de organizaciones sindicales, universidades, asociaciones de medios comunitarios, organismos de Derechos Humanos, cooperativas, movimientos sociales. Es el triunfo de la política sobre las corporaciones.
Resulta escandaloso que después de cuatro años el Poder Judicial siga dando vueltas en un trámite absurdo. Demasiado tiempo para democratizar la comunicación y demasiado tiempo para democratizar la justicia.
Con la mal llamada "Ley de Medios", en realidad Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no se discute solamente la regulación de la Radio y la Televisión. Se discute y pone en juego el sistema democrático. Se discute si gobiernan las instituciones de la democracia con participación popular o sigue gobernando el poder económico. Se discute si el poder político elegido por el pueblo puede poner límites a los poderosos para garantizar los derechos de todos.
A cuatro años de sancionada y promulgada, la Ley debe aplicarse no solo para poner freno a oligopolios y monopolios sino fundamentalmente para promover una nueva comunicación que exprese las voces, las miradas, las necesidades y propuestas de las mayorías en toda su diversidad y pluralidad. Una tarea pendiente.
