A su vez, de los de los otros siete represores juzgados, cuatro afrontarán la misma pena, mientras que dos fueron sentenciados a 22 años y el restante a 18. Todos ellos en dependencias de Servicio Penitenciario cordobés.

Menéndez reivindicó la represión y dijo que fue una "guerra para salvar a la patria del comunismo"

En tanto, el ex jefe militar reivindicó el accionar represivo al afirmar que se trató de una "guerra para salvar a la patria del comunismo". "Ostentamos el dudoso mérito en ser el primer país en el mundo que juzga a sus soldados victoriosos, que lucharon y vencieron por orden de y para sus compatriotas", dijo el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército al hacer uso del derecho a emitir sus últimas palabras antes de que el tribunal pasara a deliberar para emitir sentencia.

Añadió que "los subversivos no cesaron en sus objetivos; están pasivos y mimetizados en la sociedad", y en otro tramo reafirmó que "los argentinos sufrimos una guerra desatadas por sicarios y vernáculos que pretendían convertirnos en satélite de Rusia".

El tribunal integrado Jaime Díaz Gavier, Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará abrió la audiencia a las 10.45 y, luego de escuchar a seis de los siete imputados, a las 11.25 pasó a cuarto intermedio para deliberar y las 16.30 dictar la sentencia.

Además de Menéndez, en este juicio de la ’Causa Brandalisis’, están imputados el coronel Hermes Rodríguez; el suboficial principal Carlos Vega; el capitán Jorge Acosta; el suboficial principal Luis Manzanelli; suboficial mayor Carlos Díaz; el suboficial mayor Oreste Padován y el agente civil de inteligencia Ricardo Lardone.

Todos están acusados por el secuestro, la tortura y el asesinato de Humberto Brandalisis, Hilda Palacios, Raúl Cardozo y Carlos Lajas Lajas, quienes fueron acribillados por los militares en un simulacro de enfrentamiento en la capital cordobesa en la madrugada del 15 de diciembre de 1977.

Salvo Acosta que optó por no decir una palabra, los otros seis imputados coincidieron en declararse "inocentes", ya que en todos los casos negaron conocer y tener contacto con las cuatro víctimas de este proceso judicial que comenzó a debatirse el 27 de mayo en la capital de Córdoba.

Leticia Celli, una dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), debió ser retirada por la policía de la sala de audiencia por orden del tribunal, luego de que hiciera manifestaciones en contra de Menéndez por las justificaciones de las acciones genocidas.

La sala de audiencia fue desbordada, y previendo esa situación, se dispuso de espacios anexos equipados con audio y sonido para alojar al público. Un estricto control policial se dispuso en los accesos al interior del edificio del tribunal, en tanto que en los alrededores se agruparon representantes de distintas organizaciones de Derechos Humanos, sociales, políticas, sindicales y estudiantes, con sus respectivas pancartas solicitando "prisión perpetua y cárcel común" para los represores.

Para el dictado de sentencia está previsto reforzar aún más el sistema de seguridad interna y externa, porque se estima que las manifestaciones serán mayores y por la presencia de funcionarios nacionales y provinciales, al igual que legisladores y otros referentes sociales nacionales.

Este juicio es considerado histórico para la provincia de Córdoba, ya que constituirá la primera sentencia sobre delitos de Lesa Humanidad en el distrito. Los fiscales, en sus alegatos, habían solicitado perpetua para Menéndez, Manzanelli, Díaz, Padován y Lardone, en tanto que para Vega, Vega, Rodríguez y Acosta, penas de entre 18 y 22 años.